La Administración Nacional ha derogado mediante acto administrativo el fondo que permitía financiar transporte gratuito para personas con discapacidad y niños y niñas con cáncer. No obstante, el derecho al acceso sin costo persiste vigente y conserva su carácter obligatorio.
Desde el sector oficial se explicó que «las prestaciones compensatorias contempladas en actos normativos precedentes no poseen sustentos válidos para continuar otorgándose». Se trata de una reformulación en los mecanismos de distribución de recursos para estas poblaciones de atención prioritaria.
El acceso gratuito al transporte público sigue siendo un derecho pleno y exigible, reiteró el Ejecutivo. La cancelación del fondo no cancela la obligación estatal de garantizar esta prestación fundamental para grupos vulnerables.
Entidades defensoras de derechos de personas con discapacidad expresaron sus reparos respecto a esta modificación. Advirtieron que ajustes en los sistemas de financiamiento podrían traducirse en dificultades concretas para el ejercicio efectivo del beneficio.
Distintas normas de rango superior han establecido como derecho inalienable el transporte sin costo para estos sectores históricamente desatendidos. Su reconocimiento ha sido crucial en los últimos años para impulsar políticas de inclusión real.
El Gobierno aclaró que la derogación no constituye una cancelación encubierta del derecho. Señaló que el propósito es restructurar el esquema presupuestario para asegurar viabilidad en el largo plazo.
Próximamente se comunicarán detalles sobre cuál será la alternativa de financiamiento que reemplace al fondo eliminado.
Imagen: http://www.kaboompics.com / Pexels – Con informacion de La Nación
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