La adjudicación fue firmada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, mediante una licitación pública que otorgó más de $38.277 millones a Alfarma SRL para abastecer a hospitales de la Provincia. La firma está vinculada a Ariel García Furfaro, imputado en la causa del fentanilo contaminado que investiga al menos 90 muertes.
El gobierno de Axel Kicillof volvió a quedar bajo la lupa por una millonaria contratación en el área de salud. La Provincia de Buenos Aires adjudicó más de $38.277 millones a Alfarma SRL para la provisión de medicamentos destinados a hospitales bonaerenses e IOMA, pese a que la empresa mantiene vínculos con Ariel García Furfaro, uno de los empresarios investigados en la causa por el fentanilo contaminado.
La operación fue formalizada a través de una licitación pública y lleva la firma del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El monto de la adjudicación convierte a la contratación en una de las operaciones de mayor magnitud dentro del sistema sanitario provincial.
El dato adquiere especial relevancia por la situación judicial que atraviesa García Furfaro. El empresario se encuentra imputado en la investigación que busca determinar responsabilidades por la distribución de fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes y que, hasta el momento, investiga al menos 90 fallecimientos.
Alfarma SRL aparece vinculada al empresario investigado, lo que puso el foco sobre la decisión de la administración de Kicillof de otorgarle una contratación millonaria para abastecer al sistema público de salud bonaerense.
La operación alcanza tanto a los hospitales de la Provincia como a IOMA, dos áreas que manejan enormes volúmenes de medicamentos y que representan una parte central del gasto sanitario bonaerense.
El caso vuelve a poner bajo discusión los controles aplicados por la administración provincial al momento de seleccionar proveedores para el sistema de salud. La magnitud del contrato y los antecedentes que rodean a personas vinculadas con la firma abren interrogantes sobre los mecanismos utilizados para evaluar a los adjudicatarios.
Mientras la Justicia avanza sobre la trama del fentanilo contaminado y busca determinar cómo se produjo la distribución de los medicamentos que terminaron provocando las muertes investigadas, el gobierno bonaerense decidió avanzar con una contratación por más de $38.000 millones con una empresa vinculada a uno de los principales nombres que aparecen en el expediente.
La situación genera un nuevo frente de cuestionamientos para Kicillof y su ministro de Salud, especialmente por tratarse de fondos públicos destinados a un área tan sensible como el abastecimiento de medicamentos. La Provincia deberá explicar los criterios utilizados para adjudicar la operación y los controles realizados sobre la empresa antes de otorgarle el contrato millonario.
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