Un fondo creado específicamente para prevenir y contener inundaciones está siendo utilizado para financiar gastos generales del Tesoro Nacional. Esta desviación de recursos muestra la distancia entre lo que la ley ordena y lo que sucede en la práctica presupuestaria cotidiana.
El dinero está disponible. Lo que no existe es la decisión política de canalizarlo hacia las infraestructuras de prevención que la legislación demanda. Así lo revelan reportes sobre la asignación y ejecución de estos fondos en los últimos tiempos.
Cuando los gobiernos enfrentan presiones en sus finanzas públicas, los fondos etiquetados suelen ser los primeros candidatos a reasignación. En este caso, recursos que deberían materializarse en obras de contención de agua terminan siendo absorbidos por otras áreas de la administración estatal. El resultado es una contradicción evidente entre la intención legislativa y la acción ejecutiva.
Los especialistas caracterizan esta situación como un «superávit de maquillaje» acompañado de un «déficit de obras». La comunicación oficial proyecta una imagen de gestión, pero en el terreno las infraestructuras preventivas no avanzan. Se anuncia, se planifica, pero no se ejecuta.
Las poblaciones en zonas propensas a inundaciones son las principales afectadas por esta brecha. Sin sistemas de drenaje mejorados, obras de contención o infraestructuras de prevención, estas comunidades permanecen vulnerables ante eventos climáticos extremos. Las inundaciones recurrentes en diversas regiones del país evidencian que las soluciones siguen siendo postergadas.
Este escenario genera preocupación respecto de cómo el Estado prioriza sus gastos y cómo se implementan las políticas públicas. Cuando recursos específicamente destinados a un fin son redireccionados sin ejecutar el mandato legal, se genera un vacío en la atención de problemas estructurales que afectan a territorios enteros.
Imagen: Leeloo The First / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
Lo Criollo Noticias 
Deja un comentario